3/11/2026
Un importante fallo de la Corte Suprema permitirá a las comunidades de copropietarios agilizar el cobro de gastos comunes adeudados. La decisión, informada por veredictum.cl, acogió un recurso de casación y ordenó a los tribunales tramitar la solicitud de cobro, facilitando así la recuperación de dineros esenciales para el funcionamiento de los edificios y condominios.
El caso se originó tras la negativa inicial de tramitar una gestión preparatoria para citar a confesar una deuda por gastos comunes. La Comunidad Ecológica de Águila Sur solicitó la citación para cobrar más de 6 millones de pesos adeudados por una parcela específica. Sin embargo, tanto el tribunal de primera instancia como la Corte de Apelaciones de Santiago habían rechazado la solicitud, argumentando que no cumplía con los requisitos legales.
La Corte Suprema invalidó estas decisiones, basándose en las modificaciones introducidas por la Ley N° 21.394 al artículo 435 del Código de Procedimiento Civil. Este artículo establece que para iniciar un cobro, el solicitante solo necesita presentar un antecedente escrito que acredite una obligación líquida, exigible y no prescrita. La Primera Sala del máximo tribunal determinó que los documentos presentados por la comunidad cumplían con estos requisitos, incluyendo el reglamento de copropiedad y un certificado de deuda emitido por la administradora.
El fallo subraya que la labor del juez en esta etapa preparatoria debe centrarse en verificar si se cumplen los requisitos formales establecidos en el artículo 435, sin extenderse a un análisis profundo de la viabilidad futura del juicio ejecutivo. La Corte estimó que los tribunales de instancia habían incurrido en errores de derecho al analizar materias que corresponden a etapas procesales posteriores, negando así la tramitación de una solicitud que cumplía con lo exigido por la ley.
En definitiva, la Corte Suprema ordenó que se continúe con la sustanciación del procedimiento, permitiendo que la comunidad pueda avanzar en el cobro de los gastos comunes adeudados y asegurando el correcto funcionamiento y mantenimiento de las áreas comunes. Este fallo reafirma la importancia de la Ley de Copropiedad Inmobiliaria y los mecanismos legales para garantizar la solvencia de las comunidades.
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